Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, lideró la inauguración del nuevo Hospital General del IMSS Bienestar en Jiutepec, Morelos, una instalación que demandó una inversión de 715 millones de pesos y que proporcionará atención médica a más de 200 mil residentes de la zona.
En el evento inaugural, la mandataria federal subrayó que el acceso a la salud debe ser un derecho garantizado y no un privilegio condicionado por la situación económica de las personas.
“¿Por qué lo hacemos? Porque concebimos que el acceso a la salud es un derecho. Nosotros creemos que si a alguien no le alcanza para un medicamento, entonces la salud se convierte en un privilegio. El gobierno tiene una obligación y es darle salud a todas y todos los mexicanos, la mejor atención posible”, manifestó.
Este nuevo hospital dispone de 66 camas, 18 consultorios, tres quirófanos y un quirófano inteligente, características que lo posicionan como una unidad de mediana complejidad con la capacidad de realizar procedimientos quirúrgicos especializados. La infraestructura está diseñada para fortalecer la atención médica pública en la zona conurbada de Cuernavaca, especialmente en Jiutepec, uno de los municipios con mayor densidad industrial y población trabajadora en Morelos.
Dentro del marco del Plan Nacional de Infraestructura Hospitalaria, Sheinbaum recordó que se han finalizado 29 hospitales en diversas entidades del país. Además, el programa incluye la construcción de infraestructura adicional que aportará 9 mil 139 camas al sistema de salud pública.
El IMSS Bienestar, la entidad responsable de atender a personas sin seguridad social, forma parte de la estrategia federal destinada a ampliar la cobertura médica gratuita. En este sentido, el hospital de Jiutepec fortalecerá la red de atención existente en Morelos, donde la demanda de servicios públicos de salud sigue siendo elevada debido a la densidad poblacional de la región.
La presidenta enfatizó que la edificación de hospitales y el refuerzo de la infraestructura sanitaria son una obligación del Estado y no una concesión política, ya que considera que asegurar servicios médicos dignos es una responsabilidad pública esencial.
