La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo rubricó el decreto que impone el requisito de nacionalidad mexicana exclusiva para quienes aspiren a la Presidencia de la República, alguna gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esta reforma fue previamente avalada por el Senado, la Cámara de Diputados y 22 legislaturas estatales.
Con esta enmienda constitucional, quienes posean una nacionalidad adicional deberán renunciar a ella antes de inscribirse como candidatos o candidatas a cualquiera de estos cargos. La finalidad es asegurar que las personas que lideren los gobiernos federal y estatales prioricen el interés y la soberanía de México.
El decreto también estipula que los titulares de la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno no podrán adquirir ni solicitar otra nacionalidad mientras estén en funciones, ni podrán invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta a la mexicana.
De igual forma, se restringirá el uso de pasaportes o documentos de identidad emitidos por otros países, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la opción de recibir protección diplomática de una nación diferente.
La reforma modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución, que regulan los requisitos para ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Según el Gobierno de México, esta medida pretende robustecer la soberanía nacional y prevenir posibles conflictos de interés o intervenciones extranjeras en quienes desempeñen los cargos más importantes del Poder Ejecutivo.
La nueva disposición entrará en vigor a partir del proceso electoral de 2028, conforme a lo informado por la Consejería Jurídica de la Presidencia, por lo que no afectará las reglas de los procesos electorales que ya están en marcha.
Con la firma de este decreto, el Gobierno federal oficializa una reforma que busca establecer la nacionalidad mexicana única como condición para quienes aspiren a liderar el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México.
