El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, admitió que se empleó fuerza excesiva y que se efectuaron detenciones injustas durante la manifestación del domingo 11 de octubre en Guadalajara, donde habitantes protestaron por la deficiente calidad del agua que reciben en sus hogares. El mandatario reconoció que el operativo policial tuvo serias fallas y que la situación se descontroló.
Después de analizar numerosos videos de los sucesos frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, Lemus aceptó que algunos elementos de seguridad cometieron excesos durante la protesta. También admitió que no debieron dispersar a los manifestantes utilizando chorros de agua ni gas lacrimógeno.
El gobernador informó que todas las personas detenidas ese día fueron liberadas. Según los informes, fueron 39 los arrestados tras los incidentes, en una protesta que surgió por el descontento ciudadano debido al suministro de agua turbia, con olores desagradables y posibles condiciones de contaminación.
Lemus anunció el inicio de una investigación interna para aclarar lo sucedido y definir las posibles sanciones contra los policías involucrados. Este proceso contará con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el propósito de establecer responsabilidades y asegurar la reparación del daño a quienes resultaron afectados.
El reconocimiento del gobernador se dio luego de las críticas por las detenciones y la actuación policial, así como por las denuncias de familiares, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos respecto al trato recibido por los manifestantes. El caso también generó presión política para que las autoridades estatales esclarecieran los hechos.
Además, el gobernador aseguró que los abusos cometidos por los agentes policiales no quedarán impunes y afirmó que su administración debe garantizar que situaciones similares no se repitan. La investigación deberá determinar el nivel de responsabilidad de cada elemento señalado.
En medio de la polémica, Lemus también defendió el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y negó que la iniciativa implique la privatización del servicio de agua potable, la contratación de deuda pública o el aumento en las tarifas para los usuarios.
