Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó una reforma que tipifica como delito el reclutamiento para actividades criminales, estableciendo penas privativas de libertad para quienes incorporen personas a organizaciones delictivas, con el fin de cerrar lagunas legales y fortalecer la defensa de las víctimas.
El dictamen contó con 419 votos favorables y modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con la finalidad de sancionar a quien capte, induzca o reclute individuos para sumarlos a grupos criminales o involucrarlos en actividades ilegales.
Según la reforma, quienes incurran en este delito enfrentarán penas que van de 10 a 20 años de cárcel, además de multas que oscilan entre 5 mil y 50 mil días. Si el reclutamiento se efectúa mediante amenazas, intimidación, coacción, violencia física o moral, o abuso de autoridad, la sanción se incrementará a un rango de 15 a 25 años de prisión, junto con multas entre 10 mil y 80 mil días.
